Comunicado de Prensa No.074 de 2009

Comunicado de Prensa No. 074 de 2009

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ELEVA CONSULTA AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL SOBRE EL TRÁMITE DE REVOCATORIAS DE MANDATO

Actualmente se encuentran suspendidos siete procesos de revocatoria

- A raíz de recientes resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral, en las que se solicita a la Registraduría la suspensión de procesos de revocatoria de mandato en distintos municipios, la entidad procedió a elevar una consulta con el fin de aclarar el procedimiento.

- La Ley 741 de 2002 establece como requisitos para que proceda la revocatoria de mandato que el alcalde lleve como mínimo un año en su cargo y que la solicitud esté suscrita por un número de ciudadanos no inferior al 40% de los votos que obtuvo el elegido.


Bogotá, miércoles 6 de mayo de 2009

–  La Registraduría Nacional del Estado Civil elevó hoy ante el Consejo Nacional Electoral una consulta sobre el trámite de las revocatorias de mandato, a raíz de algunos interrogantes que han surgido acerca del procedimiento legal a seguir y el rol de la Registraduría Nacional del Estado Civil en este tipo de mecanismos de participación ciudadana.

 

Actualmente se encuentran suspendidos los procesos de revocatoria de alcalde de Vigía del Fuerte (Antioquia), Curillo (Caquetá), Sonsón (Antioquia), Pradera (Valle), Montelíbano (Córdoba), Somondoco (Boyacá) y Murindó (Antioquia). En recientes resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral se solicitó a la Registraduría la suspensión de algunos de estos procesos por presuntas inconsistencias en la recolección de firmas de apoyo a estas iniciativas.

 

En la consulta radicada hoy se señala que la Ley 741 de 2002 establece que la revocatoria es procedente si se cumplen estos dos requisitos:

-  Que el mandatario lleve por lo menos un año en su cargo, para que pueda solicitarse su revocatoria.

-  Que la solicitud motivada por insatisfacción general o por incumplimiento del programa de gobierno de convocatoria a pronunciamiento popular para la revocatoria sea suscrita por un número de ciudadanos no inferior al 40% de los votos que obtuvo el elegido.

 

La Registraduría le consulta entonces al Consejo Nacional Electoral cuál es el sustento legal para:

  1. Exigir, dentro del trámite de revocatoria de mandato, el foliado anterior de los formularios de recolección de firmas.
  2. La posibilidad de interponer recursos ordinarios en sede administrativa contemplados en el Código Contencioso Administrativo, por parte del mandatario objeto de la revocatoria.
  3. La exigencia al Registrador de la correspondiente Circunscripción Electoral para que emita juicio de valor o fáctico sobre la posición de los solicitantes en relación con la insatisfacción general.
  4. Si la causal es el incumplimiento del programa de gobierno, cómo se procede, como quiera que no hay legalmente una autoridad que certifique el cumplimiento de éste.

 

Conforme a la Constitución y la Ley, la actuación de la Registraduría Nacional con ocasión de una revocatoria de mandato consiste básicamente en verificar las firmas de apoyo ciudadano y certificar si las firmas válidas superan el mínimo exigido, y adicionalmente, informar el hecho dentro de los 5 días siguientes al respectivo alcalde.

 

Para el proceso de revisión de firmas la Registraduría, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 134, ha señalado su propio procedimiento de verificación, y en cuanto a la información al respectivo mandatario, la Corte Constitucional en Sentencia C 180 de 1994 señaló que con esta información “se pretende hacer efectiva la garantía constitucional del debido proceso”.

 

En la consulta elevada hoy se argumenta que “la ley no ha previsto ninguna notificación previa ni personal ni por edicto acerca del trámite obligatorio de verificación de firmas a cargo de la Registraduría, por lo que alegar que por ello supuestamente se está violando el debido proceso, carece de todo fundamento jurídico, y va en franca contravía con lo dispuesto en la normatividad vigente respecto de la revocatoria del mandato y en especial de la doctrina constitucional”.

 

Agrega que “no resulta lógico que si el procedimiento sobre la revocatoria del mandato se ha erigido a través de diferentes leyes estatutarias, las que por lo demás tratan derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido y traduce en hechos concretos de la voluntad popular, se les pueda adicionar a través de reglamentación residual, analogía o interpretación extensiva novedosos elementos que las leyes no contemplan”.

 

En lo corrido del año 2009 la Registraduría ha recibido un total de 17 solicitudes de revocatoria de mandato de alcaldes municipales. El pasado 19 de abril se celebró la consulta popular con fines de revocatoria en Regidor (Bolívar), la cual no alcanzó el umbral de participación requerido. Otros siete procesos se encuentran suspendidos; uno más está pendiente la fijación de fecha para la consulta, en cinco municipios las firmas entregadas no superaron el mínimo exigido por la ley y en los tres municipios restantes avanza el proceso de revisión de firmas.

 


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